ENSEÑANZA EN CASTELLANO

La constitución española, en su artículo 3 establece que:

“1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.

2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.

3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.”

Por otra parte, el artículo 27 de la Constitución consagra los derechos en el ámbito educativo, estableciendo una arquitectura básica de dicho sistema. Y es que la Constitución consagra en derecho a la educación como un derecho importante, porque el hombre con más cultura es más libre al conocer e interpretar más correctamente mundo que le rodea que quien no la tiene y, por otra parte, la educación es democracia pues sólo con educación se puede conseguir que la democracia progrese y que lo haga de forma adecuada. En este sentido, afirma Iglesias Bárez que “Todos los Textos constitucionales se han afanado en diseñar la arquitectura básica del sistema educativo del Estado. La razón principal de esta tarea constitucional es que estamos en presencia de un derecho que aúna los conceptos de libertad y democracia. La instrucción es un factor de libertad individual, es más, el art. 27.2 CE recoge esta idea al consagrar como finalidad de la educación el libre desarrollo de la personalidad. Pero la educación no agota su sentido aquí, sino que en otro orden, la educación también sirve a la democracia pues sólo el ciudadano instruido contribuirá al desarrollo y funcionamiento correctos de la misma, o como entiende el art. 27.2 CE la educación tiene como objetivo lograr la convivencia democrática” (IGLESIAS BÁREZ, M. Régimen constitucional Español. Teoría y práctica de la Constitución de 1978, Ed. Universidad de Salamanca -Ciencias de la Seguridad-, Salamanca, 2006, pp. 339 - 340.).

Por su parte el artículo 20 CE reconoce la libertad de catedra que, para poder conciliarse con la neutralidad, que es importante en la enseñanza pública, debe suponer que el docente tiene el deber de no adoctrinar a sus alumnos. En este sentido, el docente se convierte en un garante del no adoctrinamiento.

El problema que se ha planteado en España con la cesión de las competencias en materia educativa a las Comunidades Autónomas es que, en algunas de ellas, su idioma propio cooficial de ha convertido de facto en el único idioma utilizado para la educación. Esto ha creado un problema muy serio para los padres castellanoparlantes en esas comunidades, pues no encuentran ningún modo de escolarizar a sus hijos en su lengua materna. Buscar un colegio que eduque en modelo A (en Castellano con asignatura de Lengua Vasca) en Vizcaya se ha convertido en una auténtica epopeya, pues la gran mayoría de ellos utilizan el modelo B (mixto Euskera-Castellano), el C (en Euskera con asignatura de Lengua Castellana), o han acudido al trilingüismo como solución salomónica.

De ese modo muchos alumnos han visto en la práctica restringido su derecho a la educación al verse obligados a recibirla en un idioma que no es el propio, a pesar de encontrarse en un lugar donde el Castellano es lengua oficial aunque el Vascuence también lo sea.

Esta imposición idiomática se ha convertido, además, en una forma de adoctrinamiento político que, aunque lenta y paulatina, es también firme y decidida; y todo ello sin que haya chocado en ningún modo con ese filtro anti-adoctrinador que debe ser la libertad de cátedra.

Es por todo ello por lo que el Tribunal Constitucional ha dado la razón en diversas sentencias a los padres que deseaban que sus hijos fuesen escolarizados en Castellano.

Aunque he planteado el problema desde el punto de vista de un ciudadano residente en la comunidad autónoma vasca, supongo que esto podría actualmente extrapolarse a algunas otras comunidades con idioma propio como, por ejemplo, Cataluña.

Por todo lo expuesto entiendo que cualquier actuación de un Gobierno orientada a recuperar el derecho perdido a estudiar en Castellano es correcta, y no debe ser entendida por los sectores nacionalistas como un ataque a su lengua, sino como la universalización del derecho que ellos ya tienen a escolarizar a sus hijos en su lengua materna (que no resultará desfavorecida a no ser que carezca de la base social necesaria).

Uno de mis recuerdos de hace varios años cuando, por motivos laborales, residí durante casi un lustro en Cataluña (de la que, por cierto, guardo un recuerdo tremendamente entrañable) es un eslogan que decía algo así como "bilinguisme si, racisme no" (espero haberlo escrito correctamente). Ese eslogan marca claramente cómo debería ser la política lingüística en materia educativa.